Social: democratiza el acceso a información agropecuaria, empoderando a campesinos y pequeños productores para optimizar el uso de sus tierras. Reduce desigualdades al facilitar una planificación equitativa entre regiones y promueve prácticas sostenibles, minimizando el impacto ambiental. Además, mejora la seguridad alimentaria al incrementar la disponibilidad de alimentos mediante una planificación productiva eficiente.

Económica: optimiza el uso de la tierra, reduciendo costos y riesgos para productores al orientar inversiones hacia áreas más productivas. Atrae inversiones al ofrecer datos valiosos para proyectos rurales, impulsa la productividad con prácticas adecuadas y fomenta el desarrollo regional mediante cadenas de valor y generación de empleo. Además, apoya la formulación de políticas públicas basadas en evidencia para mejorar la gestión territorial y el desarrollo rural.